SURda

Brasil

Paulo Passarinho

Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa

El año de 2015 entrará en la historia como el marco de capitulación final del lulismo ante los sectores que determinan la hegemonía de la economía brasilera desde los años 1990.

Desde 2003, cuando se abrió la oportunidad histórica de la afirmación de un nuevo modelo económico en Brasil -con el objetivo de enfrentar los problemas estructurales que nos condenan a la dependencia y al subdesarrollo-, las opciones políticas adoptadas por el gobierno federal negaron esa posibilidad.

En nombre de la llamada gobernabilidad, imaginada para atenuar conflictos con los sectores hegemónicos, se construyó la ilusión de la posibilidad de convivir con crecimiento económico, distribución del ingreso y mejoría de los padrones de bienestar de la población, sin alteraciones sustantivas en el orden institucional, administrativo y macroeconómico que fue dejado por Fernando Henrique Cardoso.

A pesar de las excepcionales condiciones que abrían en el comercio internacional, en combinación con sucesivas derrotas electorales del neoliberalismo y la emergencia de gobiernos con vocación de cambios en los principales países de América del Sur, incluyendo al propio Brasil, las opciones adoptadas por la cúpula del PT al llegar al gobierno, y no interpeladas por sus aliados, fueron de extrema cautela y “respeto a los contratos”, un eufemismo para alejar cualquier perspectiva reformista seria, en relación al orden que fuera constituido a lo largo de la década anterior en el país.

Así, lo que designo como la era de las imposturas -con la apología del real fuerte, de la responsabilidad fiscal, del equilibrio de las cuentas públicas, o el fin de la inflación-, fue reforzada por el discurso lulista del fin de la miseria, del surgimiento de una nueva clase media, del pago de la deuda externa, del neodesarrollismo o de la política externa independiente y de proyección del país como potencia global.

El primer mandato de Dilma Rousseff, con todo, dio muestras del agotamiento de ese padrón de gobierno, conciliador entre el orden constituido en el país a partir del Plan Real y de las aspiraciones del país y de nuestro pueblo por mejores condiciones de vida. Los efectos prolongados de la crisis económica internacional de 2007/2008, claros equívocos de conducción de la política económica y las consecuencias políticas de las investigaciones de la llamada Operación Lava Jato, hicieron que -ya en 2014, antes del inicio formal de 2015 y de su segundo mandato, y luego del anuncio de su apretada victoria contra Aécio Neves- Dilma adoptase medidas de claro compromiso con la hegemonía liberal y sus intereses.

La retomada del ciclo de apriete monetario, a través de la elevación de la tasa básica de intereses; las restricciones crediticias; los sucesivos cortes presupuestarios, con el objetivo de reducir gastos e inversiones del gobierno; y las medidas adoptadas en el ámbito de la dirección de Petrobras, en relación a su plan de negocios e inversiones, incluyendo venta de activos estratégicos a la esfera privada, se constituyeron en variables que impulsaron un fuerte movimiento recesivo en la economía. Derrumbaron la recaudación fiscal -imponiendo una pesada carga a los estados, municipios y áreas sociales- y provocaron el crecimiento del desempleo y la reducción de la masa salarial y del ingreso medio de los trabajadores.

Lo que está en curso es un claro proceso de desajuste fiscal y económico que torna la situación política de Dilma y su gobierno todavía más frágil. Pero, ¿cuál es al final la lógica que orienta a la presidenta?. En rigor, la misma adoptada por Lula en 2002.

En 2014, apremiada por una fuerte desaceleración del crecimiento económico, presiones inflacionarias latentes y la crisis decurrente de las investigaciones de la Lava Jato, incentivada por el propio Lula, procuró reeditar la operación realizada en 2002 por el ex presidente y partió en busca de un hombre del mercado financiero para el comando de la economía. El objetivo sería asegurar el apoyo de los sectores dominantes hegemónicos y “blindar” el gobierno de las investidas de la derecha parlamentaria.

Como es sabido, en la imposibilidad de Luiz Trabuco, presidente de Bradesco, para asumir el cargo de ministro de Hacienda, la función acabó confiada a Joaquim Levy, ejecutivo del mismo banco y ex secretario del Tesoro en la gestión del primer mandato de Lula. La estrategia lulista de anclar el gobierno Dilma y su segundo mandato en nombres de total confianza de los sectores hegemónicos, fue completada con el anuncio de los nombres de Kátia Abreu, para la cartera de pasta de Agricultura, y de Armando Monteiro, para el ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior.

Entre tanto, al contrario de 2002, cuando ya se descontaba una coyuntura internacional extremadamente favorable a los exportadores de commodities, donde se incluyó Brasil, el cuadro actual es totalmente inverso. Lo que está en curso es un ciclo de caída acentuada de precios de los productos primarios, lo que pone en jaque al propio dinamismo de una economía que, dado el modelo dominante -refractario al papel regulador del Estado como planificador e inductor del desarrollo- en mucho depende de la generación de divisas y de la atracción del capital privado y externo

En ese contexto, la terapia recesiva de ajuste apenas agrava el cuadro macroeconómico. Al apuntar como bandido al llamado “desajuste fiscal”, el gobierno promueve cortes presupuestarios que afectan el funcionamiento de la máquina pública y especialmente a las inversiones. Con eso, la tasa de inversión en la economía -que ya había sufrido una fuerte desaceleración durante el primer mandato de Dilma, en comparación con el período a 2010-2014- se desfondó. Se agravó el cuadro recesivo, se derrumbó la recaudación fiscal -con fuerte elevación de las tasas de interés- aumentó sustantivamente los gastos financieros de la Unión, con crecimiento de la deuda bruta y la ampliación del déficit nominal (déficit primario + gastos con pago de intereses).

La política de Dilma y e Levy, bajo el pretexto de combatir la inflación y evitar la pérdida del llamado grado inversor conferido por las agencias de riesgo, se reveló un total fracaso y agrava la crisis del forma indiscutible.

Las medidas promovidas por el gobierno -con el apoyo del sector financiero y de los medios de prensa dominantes- tiene como objetivo la preservación de los márgenes de rentabilidad de los sectores rentitas dominantes, bancos y grandes empresas ancladas en la deuda pública, en tanto se gestan en la sociedad las condiciones para el avance de reformas al gusto de los liberales.

En ese complejo cuadro, la amenaza de impeachment de Dilma adquiere una enorme funcionalidad a lo que la Operación Lava Jato Revela, fragilizando todavía más, al gobierno y los partidos que lo sustentan, principalmente al neoPT.

Un primer ejemplo fue la presentación al país de la Agenda Brasil, un conjunto de propuestas articulado por João Roberto Marinho (Organizaciones Globo), Paulo Skaf (FIESP, grandes industriales de Sao Paulo) y Renan Calheiros, presidente del Senado, con el pretexto de alejar la amenaza de impeachment, en un momento donde la estabilidad de la presidenta se encontraba en riesgo. La otra iniciativa, que evidencia lo desbarajuste macroeconómico producido por Dilma, fue el lanzamiento por el PMDB, del programa Un Puente para el Futuro, presentado al país por Michael Temer, el vice de Dilma y el indefectible Moreira Franco.

Ambas propuestas apuntan a la profundización de las privatizaciones, avance en los cambios en la reglas de la previsión social, alteraciones en la legislación laboral, apertura del sector del petróleo del pré-sal, fin de las vinculaciones presupuestales constitucionales y mayor liberalización financiera. En fin, la cristalización y agudización del proceso de debilitamiento del Estado y la consagración plena del proceso liberal inconcluso.

En suma, 2015 representó el resultado objetivo de la estrategia lulista de gobernar sin conflictos con la hegemonía del sector financiero. Con un neoPT desmoralizado, con buena parte de las direcciones de los movimientos sociales cooptada y una izquierda que no se rindió muy fragilizada -además de sus propios errores- la iniciativa más prominente se encuentra en el campo liberal, una vez más.

* Paulo Passarinho es economista.

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